Autor: Cindy Bolaños- Directora del área de Derecho Administrativo

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, se cambia a un modelo de estado garantista de derechos, en este sentido se transforma el sistema judicial a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y a partir de ello todos los jueces se convierten en jueces constitucionales independientemente de la materia en que se desarrollen, garantizando así los derechos establecidos en la constitución y los tratados internacionales, siendo uno de estos principios el de legalidad.

El derecho administrativo mantiene un estrecho vínculo con el derecho constitucional, puesto que las actuaciones de los funcionarios públicos están limitadas a lo establecido sus leyes especiales, pero principalmente a los derechos establecidos en la constitución, en este sentido los funcionarios públicos no pueden realizar actos contrarios a ello, y todo acto fuera de esta actuación acarrearía la nulidad.

¿Qué es el control de legalidad?

Si bien el de control de legalidad debería ser aplicado a todas las materias, el Código Orgánico General de Procesos, solamente reconoce explícitamente al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con esta facultad, lo cual le permite al tribunal verificar todas las actuaciones de los funcionarios públicos dentro de un proceso administrativo sancionador y verificar si las actuaciones realizadas se encuentran enmarcadas dentro de la ley; aún si el administrado o la institución pública ha omitido mencionar alguna vulneración de derechos, permitiéndole de esta forma al tribunal analizar de forma integral el proceso administrativo y no taxativamente a las pretensiones del actor o el demando.

En este sentido, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario puede reconocer derechos del administrado o de la administración pública aún sin haberlo mencionado en su demanda o contestación, basados en la facultad que le permite analizar el contexto general en el que se desarrollo el proceso administrativo y de esta forma garantizar derechos del administrado o institución pública de manera integral.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

With the promulgating of the Constitution of the Republic of Ecuador in 2008, the country transitioned to a rights-guaranteeing state model. In this context, the judicial system was transformed into a Constitutional State of Rights and Justice, making all judges constitutional regardless of their area of expertise. This ensures the protection of rights established in the Constitution and international treaties, with legality being one of these fundamental principles.

Administrative law maintains a close relationship with constitutional law, as public officials’ actions are limited by special laws and, most importantly, by the rights established in the Constitution. Therefore, public officials cannot perform actions that contradict these laws, and any act outside these parameters would result in nullity.

What is legality control?

Although legality control should ideally apply to all legal matters, the Organic General Code of Processes explicitly grants this authority only to the Administrative and Tax Litigation Court. This power allows the court to review all actions taken by public officials within an administrative sanctioning process and verify whether they comply with the law. Even if the affected party or the public institution fails to mention a specific rights violation, the court can still conduct a comprehensive review of the administrative process rather than limiting its analysis strictly to the claims of the plaintiff or defendant.

In this regard, the Administrative and Tax Litigation Court has the authority to recognize rights for either the affected party or the public administration, even if they were not explicitly mentioned in the lawsuit or response. This is based on its ability to analyze the broader context in which the administrative process took place, ensuring a comprehensive protection of rights for both individuals and public institutions.