Autor: Juan Carlos Mejía De Los Reyes.
De acuerdo con el Informe de índice de Percepción de la Corrupción realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)1, el Ecuador en el 2024, obtuvo ocupó la posición 121 de 180 países analizados, lo cual resulta alarmante, ya que, de acuerdo con la Fundación, es la peor posición que ha ocupado el país desde el 2012. Posición que en gran medida se le debemos al infructífero sistema judicial que tenemos, y a la falta de capacitación de jueces y fiscales.
Por lo tanto, resulta necesario analizar los conocimientos actuales de jueces y fiscales relacionados a compliance y programas de cumplimiento penal, esto, con el fin de promover que, cada vez sean más los funcionarios que aboguen por una sociedad libre de corrupción, castiguen las prácticas ilegales, y festejen las buenas prácticas corporativas.
Pero bien, ¿Qué está haciendo la Función Judicial para que esto sea posible? Si nos adentramos a los portales web de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura, podemos visualizar cómo – en el caso de Fiscalía – existen capacitaciones en línea a los cuales los funcionarios pueden acceder, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos ambientales, y un curso en compliance, ley de extinción de dominio y lavado de activos. No obstante, a la fecha no se cuenta con una estadística exacta respecto a los funcionarios que se han capacitado, y que hayan adquirido los conocimientos con claridad. Además que, como ya sabemos, el compliance no termina con la prevención, detección y mitigación de lavado de activos y delitos ambientales.
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura2 ha afirmado que entre enero y noviembre de 2024, realizó 190 capacitaciones dirigidas a jueces, fiscales, abogados, funcionarios públicos, y estudiantes de Derecho, ¿Pero en qué temas? movilidad humana, crisis carcelaria, ciberdelincuencia, etc. Capacitaciones que evidentemente ayudan a tener un mayor conocimiento del ordenamiento jurídico
ecuatoriano, pero que no van en pro de los fines que perseguimos en el presente artículo, es decir: buscar agentes fiscales y jueces especializados y con conocimiento consolidades en compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Pese a que conocemos los requisitos que debe tener un programa de cumplimiento hace más de tres años, en la práctica todavía son pocos los agentes fiscales y jueces ecuatorianos que tienen conocimiento en el área. En ese sentido, vale preguntarnos ¿Contamos con agentes fiscales y jueces capaces de analizar y evaluar matrices de riesgos, canales de denuncia, códigos de ética? En este punto – y en base a las observaciones realizadas, me voy a atrever a decir que no – no en la generalidad – pero la gran mayoría no se encuentra capacitado de manera adecuada, no conoce los conceptos y tecnicismos específicos, y por lo tanto, resulta difícil que conozcan como evaluar los requisitos establecidos en el COIP.
Por las razones expuestas, resulta indispensable que nuestros jueces y fiscales sean cada vez mayormente sensibilizados y capacitados en este tema, para que puedan afrontar mejor los caos a su cargo, y como consecuencia de ello, esto nos ayude a ser un país mejor, menos corrupto, y sobre todo una mejor sociedad.
——————————————————————————————————————————————————————————–
According to the Corruption Perception Index Report conducted by the Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) 3, Ecuador in 2024, obtained position 121 out of 180 countries analyzed, which is alarming, since, according to the Foundation, it is the worst position the country has occupied since 2012. This position is largely due to the unsuccessful judicial system we have, and the lack of training of judges and prosecutors.
Therefore, it is necessary to analyze the current knowledge of judges and prosecutors related to compliance and criminal compliance programs, to promote that more and more officials advocate for a corruption-free society, punish illegal practices, and celebrate good corporate practices.
But what is the Judicial Function doing to make this possible? If we go to the web portals of the Attorney General’s Office and the Judiciary Council, we can see how – in the case of the Attorney General’s Office – there are online trainings that officials can access, on the criminal liability of legal persons in environmental crimes, and a course on compliance, law of forfeiture of ownership and money laundering. However, to date there are no exact statistics on the number of officials who have been trained and who have clearly acquired the knowledge. Furthermore, as we already know, compliance doesn’t end with the prevention, detection and mitigation of money laundering and environmental crimes.
On the other hand, the Judiciary Council4 has stated that between January and November 2024, it carried out 190 trainings addressed to judges, prosecutors, lawyers, public officials, and law students, but on what topics? human mobility, prison crisis, cybercrime, etc. These trainings evidently help to have a better knowledge of the Ecuadorian legal system, but they do not serve the purposes we are pursuing in this article: to seek specialized prosecutors and judges with consolidated knowledge in compliance and criminal liability of companies.
Although we have known about the requirements that a compliance program must have for more than three years, in practice there are still few Ecuadorian prosecutors and judges who have knowledge in this area. In this sense, it is worth asking ourselves: Do we have prosecutors and judges capable of
analyzing and evaluating risk matrices, complaint channels and codes of ethics? On this point – and based on the observations made, I will dare to say no – not in general – but the vast majority are not adequately trained, don’t know the specific concepts and technicalities, and therefore, it is difficult for them to know how to evaluate the requirements established in the COIP.
For the above reasons, it is essential that our judges and prosecutors are increasingly sensitized and trained on this issue, so that they can better cope with the chaos in their charge, and as a result, this will help us to be a better country, less corrupt, and above all a better society.