Autor: Abg. Andrés Loachamín.
En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito representan un pilar fundamental tanto para el desarrollo de la economía popular y solidaria como para el sistema financiero nacional, ya que este tipo de entidades promueven el crecimiento de sectores excluidos del sistema financiero tradicional, gracias a que tienen como base principios de inclusión financiera, responsabilidad social y ambiental, búsqueda del buen vivir y bienestar común, y distribución equitativa.
El cooperativismo se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano principalmente por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la cual se encarga de establecer la estructura de las cooperativas de ahorro y crédito, su constitución y funcionamiento. Además, señala como entidad de control a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), un órgano estatal que verifica el cumplimiento normativo, transparencia y solidez de las organizaciones.
Limitaciones en actividades de control jurídico
Existe un desafío estructural relevante en el sistema de supervisión debido a que, actualmente, en todo el país existen más de 500 cooperativas de ahorro y crédito. Si se compara la capacidad operativa y técnica de la SEPS respecto a tal cantidad de entidades y la complejidad de sus operaciones, se desemboca en una serie de dificultades para ejercer de forma efectiva y eficiente sus funciones. Estas dificultades se proliferan en virtud de dos principales aristas: limitación logística y tecnológica, y limitación en la frecuencia de control.
Al ser un sector económico enfocado en la inclusión de una mayor diversidad de sectores, suelen operar en zonas rurales, en las cuales los procesos de fiscalización y posterior seguimiento se vuelven lógicamente complejos en su coordinación logística. Si bien para solventar este obstáculo se ha optado por la implementación de herramientas tecnológicas, las mismas, no obstante, no permiten un control en tiempo real.
Por otro lado, se requieren técnicos en áreas de riesgos, auditoría, economía, cumplimiento, contabilidad, derecho cooperativo y financiero, entre otros, para ejercer un control eficaz sobre las entidades financieras del sector de la economía popular y solidaria. Sin embargo, informes de evaluaciones a diversos órganos de control del Ecuador han revelado que existe una cantidad limitada de estos técnicos especializados, lo que causa limitaciones en la profundidad y frecuencia de las inspecciones a dichas entidades.
Este tipo de dificultades desemboca en intervenciones tardías, donde se encuentran una serie de hallazgos por incumplimientos que se han acumulado durante varios años por falta de monitoreo y prevención jurídica sobre cumplimiento normativo, lo que compromete tanto la estabilidad de estas entidades como de sus socios.
Conclusión
Es indispensable que se fortalezca el desarrollo y la aplicación de programas orientados a priorizar una cultura de prevención y capacitación continua que evidencie alertas tempranas y permita implementar planes correctivos oportunos. Además, en conjunto, se deben estructurar de forma adecuada procesos sancionadores desde los órganos de control frente a la falta de cumplimiento normativo en las cooperativas de ahorro y crédito. Ambas herramientas permitirían la construcción de un sistema más sólido y transparente que se adapte con facilidad a las tendencias financieras actuales.
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In Ecuador, credit unions represent a fundamental pillar for both the development of the popular and solidarity economy and the national financial system, as these entities promote the growth of sectors excluded from the traditional financial system, thanks to their foundation on principles of financial inclusion, social and environmental responsibility, the pursuit of good living and common well-being, and equitable distribution.
Cooperativism is regulated in the Ecuadorian legal system primarily by the Organic Law of Popular and Solidarity Economy, which is responsible for establishing the structure of credit unions, their constitution, and operation. Additionally, it designates the Superintendency of Popular and Solidarity Economy (SEPS) as the controlling entity, a government body that ensures compliance with regulations, transparency, and the solidity of the organizations.
Limitations in Legal Control Activities
There is a significant structural challenge in the supervision system because, currently, there are more than 500 credit unions across the country. When comparing the operational and technical capacity of SEPS in relation to this large number of entities and the complexity of their operations, it leads to a series of difficulties in effectively and efficiently carrying out its functions. These difficulties proliferate due to two main factors: logistical and technological limitations, and limitations in the frequency of control.
As an economic sector focused on the inclusion of a greater diversity of sectors, these entities often operate in rural areas, where the processes of oversight and subsequent follow-up become logically complex in their logistical coordination. While technological tools have been implemented to address this obstacle, they still do not allow for real-time control.
On the other hand, there is a need for technical experts in areas such as risk, auditing, economics, compliance, accounting, cooperative law, and finance, among others, to exercise effective control over the financial entities of the popular and solidarity economy sector. However, reports from evaluations of various control bodies in Ecuador have revealed a limited number of these specialized technicians, which causes limitations in the depth and frequency of inspections of these entities.
This type of difficulty results in delayed interventions, where a series of findings of non-compliance are discovered, which have accumulated over several years due to the lack of monitoring and legal prevention regarding regulatory compliance, thus compromising both the stability of these entities and their members.
Conclusion
It is essential to strengthen the development and implementation of programs aimed at prioritizing a culture of prevention and continuous training that highlights early warnings and enables the implementation of timely corrective actions. Furthermore, in conjunction, sanctioning processes should be properly structured by the control bodies in response to non-compliance with regulations in credit unions. Both tools would allow for the construction of a more solid and transparent system that can easily adapt to current financial trends.